10 de Marzo / Más de 220 organizaciones de derechos humanos, de la fe, indígenas, ambientalistas, laborales y no gubernamentales enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry expresando “estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres”, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Las organizaciones urgen a “una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.”
Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque.
Las organizaciones urgieron al Secretario de Estado Kerry a que respalde la realización de una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. También urgieron al Secretario a ejercer presión sobre el gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.
Las organizaciones respaldan la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. Llaman al gobierno hondureño a reconocer que “el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos”. Exhortan al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes llaman al gobierno de EE.UU. a garantizar que no brinde asistencia o apoyo alguno para proyectos de bancos multilaterales que promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de robustas salvaguardas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.
Finalmente, las organizaciones urgieron al Departamento de Estado a “suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y una gran cantidad de activistas hondureños y hondureñas.”
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Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva, Latin America Working Group
