JUAN JOSÉ CASTELLI / Argentina | IERPcomunica – Ante los graves hechos de brutalidad policial de público conocimiento, ocurridos el sábado 30 de mayo en la localidad de Fontana, Chaco, la Federación Junta Unida de Misiones (JUM) expresó este 2 de junio su profundo rechazo y exigió medidas inmediatas. La denuncia de JUM tomó estado público a través de una declaración en la que hicieron hincapié en el accionar policial, exigieron justicia y a su vez recordaron que vienen denunciando la desatención estatal que lleva a que las comunidades sufran enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, Chagas y Lepra. Por otro lado, detallaron sobre conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividades extractivas, frente a los cuales también sufren injustamente; así como la desprotección de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19
«El accionar policial recuerda las peores épocas de nuestro país, cuando dicha fuerza era parte del ejercicio del terrorismo de estado», señalaron en referencia que «los hechos dejan al descubierto la discriminación ejercida desde instituciones públicas, las cuales debieran garantizar la seguridad psicofísica sin hacer diferencia por género, etnia o condición económica», denunciando que «lamentablemente, no son hechos aislados».
Desde JUM consideraron que la instituciones públicas deberían prevenir y garantizar la seguridad psicofísica «sin diferencia de género, etnia o condición económica». Siendo que por el contrario y como una muestra de lo que sucede, en este momento «ejercen una discriminación inconstitucional promoviendo la estigmatización y criminalización», al etiquetar a los pueblos vulnerables como parte de la propagación del COVID-19, «discurso que lamentablemente se multiplica en algunos medios de comunicación».
Finalmente, como modo de prevenir acciones similares, desde el organismo exigieron «una investigación detallada a conciencia y razonable»; «que se condene las declaraciones del Jefe de Policía Fernando Romero», que redujo la acción violenta a «excesos policiales»; que el Estado tome todas las acciones «para erradicar el racismo institucionalizado»; que durante la pandemia de COVID-19 se respete «el derecho a la salud en su total dimensión» y que el Estado tome medidas para «mitigar los efectos socioeconómicos producidos por las acciones sanitarias durante la pandemia». En el mismo sentido, insistieron en que el Estado se abstenga de promover proyectos de extracción «de explotación o desarrollo en los alrededores de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada de conformidad con los estándares internacionales aplicables».
