Seguimos diciendo: Memoria, Verdad, Justicia
Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan “hechos políticos” o “contingencias del combate”. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.
Fiscal Julio Strassera — Alegato en el Juicio a las Juntas Militares — 1985
El 24 de marzo de 1976, hace exactamente 50 años, una Junta Militar, con apoyo de distintos sectores privilegiados de la sociedad, asumió de manera inconstitucional y por la fuerza el poder del Estado en la República Argentina. Durante su gobierno implementó un programa económico y político que empobreció a gran parte de la población, endeudó al país, destruyó la matriz productiva y nos llevó a una guerra. Para avanzar en su cometido diseñaron un plan sistemático, cobarde y criminal que incluyó el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de 30.000 hombres y mujeres. Eran militantes sociales, líderes religiosos, sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas y dirigentes políticos. Se robaron y apropiaron de todo lo que pudieron, también de niños y niñas cuyas identidades fueron fraguadas. Hipotecaron el futuro del país y de la democracia por muchísimos años; tanto es así que hasta hoy seguimos pagando las consecuencias.
La conmemoración del golpe de Estado debe llamarnos a la reflexión acerca de las complicidades, los silencios y los temores que permitieron semejante horror. Como expresa el fiscal Julio Strassera en su alegato, no hay nada que justifique los horrores cometidos durante el terrorismo de Estado. Reconocer lo sucedido nos dará la oportunidad de impedir que lo moralmente inaceptable se reproduzca y se naturalice, como así también generar nuevas prácticas que nos lleven a vivir con mayor dignidad.
Por eso es tan importante que, tras cincuenta años, sigamos haciendo memoria, reclamando verdad y exigiendo justicia.
Memoria que nos lleve a rechazar como moralmente inaceptables la falta de pan en las mesas, la ausencia de trabajo, la primacía de la especulación financiera sobre la producción, la destrucción de los montes, el envenenamiento de las aguas y la entrega de los recursos naturales.
Memoria porque es moralmente inaceptable el desfinanciamiento de la salud y la educación públicas, el odio al periodismo, los sueldos y jubilaciones miserables, el insulto descalificante como política de Estado, la persecución a las minorías y a las personas migrantes, la corrupción y la inseguridad. No importa en nombre de qué ideología o bajo qué contingencia se pretendan justificar estas y otras situaciones: deben ser rechazadas.
Memoria para edificar una sociedad con justicia social, bienestar, equidad, trabajo, salud, educación, vivienda y leyes que garanticen la dignidad de la vida humana y la preservación de los bienes de la naturaleza para las generaciones venideras.
Verdad para que los responsables de los crímenes de lesa humanidad digan dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas y dónde están los niños y niñas que fueron apropiados y entregados con identidades fraguadas. Las Madres, las Abuelas y los familiares de las personas desaparecidas y de los bebés apropiados merecen saber la verdad. No se puede seguir escondiendo. La sangre sigue acusando desde la tierra en que fue derramada.
Verdad para confrontar las posiciones negacionistas que buscan ocultar lo ocurrido o disfrazarlo con eufemismos para justificar el horror. No fue una guerra; fue un genocidio. Verdad para escapar de las marañas de confusión a las que somos expuestos cada día por medios y redes sociales que se venden al mejor postor.
Verdad que nos hace libres para servir.
Justicia, para que se cumplan las leyes, todas y cada una. El Estado no puede desconocer las normas aprobadas para garantizar equidad, bienestar y justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz social. Quienes imparten justicia deben actuar conscientes del valor reparador de su oficio para las víctimas. Es inaceptable que se imparta justicia conforme a intereses particulares o espurios. La venda en los ojos es para no hacer distinción de personas, no para garantizar impunidad.
A cincuenta años del golpe de Estado, como personas que profesamos la fe cristiana evangélica, fieles al Evangelio y en seguimiento de Cristo nuestro Señor clamamos desde la tierra al cielo:
Memoria para no repetir.
Verdad para esclarecer.
Justicia para la paz.
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas