BUENOS AIRES / Argentina (LWI) – En coincidencia con la conmemoración del Día Internacional del Refugiado, que se celebra desde hace 65 años el día 20 de junio, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) emitió un documento en el que repasó la historia de la problemática, lanzó una fuerte crítica a Europa y Estados Unidos, por ser los responsables de las crisis que generan pobreza y expulsión y refirió al rol de la Argentina y la región, así como algunos lineamientos sobre la acción del Estado frente a la problemática.
A través de un documento que lleva la firma de su Coordinadora General Gabriela Liguori, el CAREF criticó duramente a los Estados que no toman en serio la recepción de refugiados: “Europa recibe a miles de refugiados y los expulsa. Establece acuerdos de cooperación internacional con países de su periferia a fin de que contengan allí a los refugiados. Un nuevo genocidio tiene lugar, y Europa no se inmuta… se empeñan en separar al migrante económico del refugiado como si huir del hambre no fuera huir también de la muerte, como si ser migrante te despojara de la condición de persona con derechos”.
En la declaración, CAREF señaló además que son los mismos países europeos, junto con los Estados Unidos, los que generan las crisis que terminan expulsando a las personas de sus lugares de origen. Sin embargo, luego son ellos los que exigen a los países, para que reciban a las víctimas: “parece que no hay interés en abordar temas de fondo como la paz y la distribución justa de la riqueza a nivel global, sino de ver cómo aminorar el impacto de sus manifestaciones de dolor un tanto incómodas en el seno de los países de Europa” aseveraron.
Justamente a partir de ese lineamiento, tal como continúa el documento, “la Argentina anunció que recibirá 3000 sirios, lo cual se constituye en acto humanitario”. Sin embargo, desde CAREF manifestaron que están sumamente preocupados, debido a que esto sucede a partir de una dinámica que no se encamina en frenar la crisis, sino más bien la va profundizando. Por otra parte, en lo que respecta a la llegada de los sirios al país dijeron: “consideramos esencial que se garantice que el reasentamiento en Argentina sea voluntario, eso implica que las familias sirias decidan que quieren venir a este país. A su vez es indispensable que exista una política clara de integración local que garantice el ejercicio de derechos de esta población: el acceso a la formación en el idioma, procedimientos claros para la reválida de títulos, capacitación para el trabajo, vivienda digna y permanente, inclusión laboral, el ejercicio de su religión y manifestación de su cultura, el acceso a la educación en todos sus niveles y a la salud desde una perspectiva intercultural, favorecer los lazos con el resto de la sociedad argentina”.
En cuanto a la realidad del país, el documento puntualizó que actualmente la Argentina tiene una población de refugiados y peticionantes, de aproximadamente 5000 personas. “Entre ellos hay colombianos, sirios, ghaneses, ucranianos, haitianos, marfileños, nigerianos, peruanos que aún conservan su estatuto”, y que la Comisión Argentina para los Refugiados (CONARE) es el ente encargado de evaluar las solicitudes, otorgar o denegar la condición de refugiado en Argentina. Sin embargo, denunciaron que no existen presupuestos que permitan una correcta evaluación a través de asistentes sociales u otras instancias, que permitan una buena integración local de los refugiados.
“Argentina ha avanzado de manera sustantiva en términos normativos y ha elevado los estándares de protección en materia de refugio. Ahora bien, poco o nada se ha avanzado en términos de acceso a derechos sociales y en una política de integración local integral que permita impulsar la inclusión de las familias solicitantes y refugiadas en el país. Esta es una deuda pendiente que no solo atañe a los 5000 refugiados y solicitantes presentes, sino a los que llegarán y a nuestra sociedad toda como país comprometido con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha adoptado”, indicaron.
El pronunciamiento finalizó señalando que la tarea debe ser articulada entre el Estado, los organismos especiales y la sociedad civil. Sin embargo, “implica un compromiso diferencial del Estado porque en materia de derechos humanos y de política pública, el Estado es el responsable y deberá ser coherente con los compromisos asumidos, poniendo en marcha una política de integración local sólida para todas aquellas familias que acoge, de cualquier nacionalidad”, debido a que todas las personas refugiadas tienen derechos y el Estado debe garantizarlos.
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Fuente: Red de Comunicaciones – LAC (FLM)
